Source link : https://www.mondialnews.com/2023/09/18/amnistia-y-quiebra-democratica/
La consulta que este lunes hace ABC a antiguos presidentes, magistrados del Tribunal Constitucional y expertos juristas de diferente espectro ideológico no deja apenas resquicio para interpretar que sea mínimamente aceptable la regulación de una amnistía hoy en España para complacer al independentismo. Ni desde un punto de vista jurídico, ni desde una visión política, ni desde una dimensión moral. Se trata de referentes del Derecho como Álvaro Rodríguez Bereijo, Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón, Encarnación Roca, Jorge Rodríguez Zapata o Enrique Gimbernat, entre otros, cuyo diagnóstico es prácticamente unánime. De todos ellos solo Pascual Sala ve factible la aprobación de una amnistía, eso sí, con el único objetivo de lograr una pacífica «convivencia democrática», y siempre condicionada a que el separatismo no imponga en el futuro declaraciones unilaterales de independencia. En realidad, el análisis mayoritariamente coincidente es que no se trata solo de un debate jurídico basado en si es constitucional o no una ley de amnistía, sino de una discusión de alta carga ética sobre si es constitucionalmente admisible hacer desaparecer el delito. Más aún, si procede cancelar en democracia conductas destructivas cometidas contra la propia Constitución. El contrasentido que pretende el Gobierno para satisfacer al independentismo es evidente porque en realidad aprobar una amnistía supondría tanto como anular de facto la norma con la que el Estado de derecho se defendió de una agresión contra su soberanía, su unidad y su integridad territorial. De aceptar la premisa de una amnistía tan selectiva como la que propone el rupturismo catalán, la Constitución se negaría a sí misma, deslegitimaría a los tribunales y desautorizaría a la Corona. La amnistía no sólo cancelaría todo eso, sino que además reconocería al Estado como culpable y a los golpistas como víctimas inocentes de una democracia abusiva e injusta. El mundo al revés, en definitiva, porque permitiría asumir la errónea tesis de que la comisión de una sedición fue justa y la respuesta judicial, no. El Estado se enmendaría a sí mismo a cambio de siete votos para una investidura. Afirmar que lo que no prohíbe la Constitución es admisible precisamente porque no está prohibido es también un argumento jurídico superado por la propia lógica. Además es falso. La Carta Magna sí prohíbe los indultos generales y, por más matices interpretativos que puedan improvisarse, ¿qué es si no una amnistía cuando se desintegran unas conductas delictivas concretas cometidas por personas concretas? ¿No es un indulto general bajo otra nomenclatura? Y finalmente, todo lo que no está prohibido en el ámbito penal podría llegar a estar permitido, pero no es así en el civil y menos aún en el constitucional. La coincidencia al respecto es abrumadora. Sólo Pascual Sala discrepa de otros expresidentes o magistrados, incluso propuestos en su día por el PSOE, y se erige en una suerte de teórico del ‘constructivismo creativo’ del Derecho, de manera que constitucional es lo que acepta el TC como tal, sin más. No obstante, su argumento se basa en cierto ‘buenismo jurídico’, según el cual es admisible la amnistía en aras de la «convivencia democrática», pero da por hecho que si se aprueba no habrá ninguna otra tentativa futura de declaraciones unilaterales de independencia. Eso es mucho suponer, porque más allá de que ni un solo independentista se haya comprometido a ello, siguen propugnando lo contrario: «volverlo a hacer» incluso si una amnistía borra el disco duro de todas sus embestidas al Estado de derecho. Una medida así quiebra un Estado de derecho, no lo protege.
Author : (abc)
Publish date : 2023-09-18 00:43:11
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Author : MondialnewS
Publish date : 2023-09-18 01:55:07
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